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Un diputado de Morena en la Ciudad de México presentó una iniciativa para gravar la venta final de productos como papitas, chocolates, botanas, dulces, helados, refrescos saborizados y bebidas energéticas, con una tasa del 4.5%. La propuesta busca recaudar más de MXN$5 mil millones al año, recursos que se destinarían al sistema de justicia local (fiscalía y tribunales). En paralelo, el paquete económico 2026 del gobierno local descartó, por ahora, la inclusión de nuevos impuestos, lo que pone en duda su aprobación.
El diputado local de Morena, Fernando Zárate Salgado, presentó este 20 de noviembre de 2025 una iniciativa para modificar el Código Fiscal de la Ciudad de México y crear un nuevo impuesto aplicado a la venta final de productos considerados de “alta densidad calórica”. Entre los artículos gravados se encuentran papitas fritas, botanas industrializadas, chocolates, dulces, helados, paletas, bebidas saborizadas, refrescos, bebidas energéticas y otras golosinas.
La tasa propuesta es del 4.5% sobre el precio de venta final, y según el legislador, la recaudación podría superar los MXN$5 mil millones anuales. Los recursos estarían destinados a fortalecer a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el argumento de que necesitan financiamiento urgente para mejorar capacidades de justicia y atender rezagos.
Además del factor de recaudación, la propuesta busca, según el diputado, desincentivar el consumo de alimentos ultraprocesados, en un contexto de crecientes problemas de salud relacionados con dietas altas en grasas, azúcares y sodio.
No obstante, la iniciativa enfrenta resistencias. Recientemente, la jefa de Gobierno de la capital presentó un paquete económico para 2026 que, según sus voceros, no contempla nuevos impuestos. Las comisiones de Hacienda y Presupuesto ya adelantaron que su dictamen será, probablemente, contrario a este tipo de gravámenes adicionales, lo que pone en duda su viabilidad.
Si bien la medida todavía debe ser discutida y votada, su anuncio reabre un debate polémico: por un lado, se plantea como instrumento de salud pública y financiación para justicia; por otro, alarma por su posible impacto en el bolsillo de la población, especialmente hogares de bajos ingresos, y en pequeños comercios.
RealRisk/ Fuente: Gobernación de Ciudad de México