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La multinacional Coca-Cola ha sido señalada por el bajo costo que paga por el uso del agua en Colombia, generando un debate sobre la regulación y transparencia en el cobro de este recurso. En 2016, la empresa pagó COP$607.501 (aproximadamente US$217 de la época) por extraer 56 millones de litros de agua en La Calera, cerca de Bogotá. Aunque el monto cumple con la normativa vigente, expertos y autoridades han calificado la tarifa como ínfima, lo que ha impulsado la revisión del esquema de cobro.
Datos clave y vacíos en la regulación
El mecanismo de cobro, conocido como Tasa de Uso de Agua (TUA), debería garantizar que las industrias contribuyan al mantenimiento de los recursos hídricos. Sin embargo, un informe del Ministerio de Ambiente revela que solo el 41% de la información esperada ha sido reportada por las corporaciones autónomas regionales (CAR), entidades encargadas de establecer las tarifas y recaudar los pagos. Esto ha dificultado el seguimiento de los pagos realizados por Coca-Cola y otras empresas.
Además, el informe señala que en los últimos dos años los indicadores de calidad estadística y credibilidad han caído drásticamente, con una calificación de 0% en 2023. La falta de datos confiables impide evaluar el impacto real del consumo industrial sobre los ecosistemas hídricos y dificulta la implementación de una regulación efectiva.
Implicaciones económicas y ambientales
La falta de transparencia en el cobro del agua genera incertidumbre en el mercado y podría afectar la inversión en sectores que dependen de este recurso. Empresas embotelladoras, ingenios azucareros y mineras operan bajo un esquema de tarifas poco claro, lo que dificulta la planificación financiera y la gestión sostenible del agua.
Desde una perspectiva ambiental, la ausencia de datos confiables impide evaluar el impacto real del consumo industrial sobre los ecosistemas hídricos. Expertos han advertido que sin una regulación efectiva, el acceso equitativo al agua podría verse comprometido, afectando tanto a comunidades locales como a la producción agrícola.
Perspectivas y próximos pasos
El Ministerio de Ambiente ha anunciado que trabajará en una actualización de la normativa para mejorar la transparencia y garantizar un cobro más equitativo. Sin embargo, la implementación de un nuevo esquema dependerá de la capacidad de las CAR para recopilar y reportar datos de manera precisa.
RealRisk / Fuente: MinAmbiente Colombia